Racismo, discriminación y derechos humanos

Mailer Mattié, Economista venezuelana, esperta di Antropologia economica e Cooperazione internazionale finalizzata allo sviluppo sostenibile.
E-mail: mailermattie@yahoo.es



El largo proceso de exclusión que han padecido los pueblos indígenas de América Latina, indudablemente ha afectado de manera particular a sus mujeres. Vulneradas en su dignidad, han visto además reducir considerablemente la seguridad y niveles de autonomía que le otorgaba la organización social tradicional (12). La desvalorización que puedan enfrentar dentro de su propio ámbito cultural, no es, sin embargo, comparable a la situación de marginación a que las somete el resto de la sociedad.

Si bien el trabajo de la mujer indígena no es muchas veces suficientemente reconocido en su entorno comunitario, menos estimada es su condición por parte de otros grupos sociales. Aunque la discriminación y el racismo hacia ellas son hechos cotidianos en países como Perú y Bolivia, el Estado no los reconoce como tales. Al invisibilizarlos, justifica la inexistencia de políticas y programas a favor de la convivencia democrática, el respeto y la dignidad.

Esta situación, sin duda, tiene graves consecuencias sobre sus condiciones de vida. El tema de la salud, de hecho, resulta bastante ilustrativo. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), (13) la mortalidad materna en América del Sur es mucho más alta entre las mujeres indígenas, en comparación con otros sectores poblacionales. En Bolivia, por ejemplo, las cifras difieren considerablemente. A nivel nacional, el índice es 390 X 100 mil niños nacidos vivos, mientras en regiones con predominio de población indígena el número se eleva a 496. La misma situación se repite en Perú donde la mortalidad materna en el área urbana es de 265 X 100 mil niños nacidos vivos, frente a 500 en comunidades indígenas (14). Ambos países, en efecto, presentan la tasa de mortalidad materna más elevada de América Latina.

Una de las causas fundamentales de este hecho es, sin más, el conjunto de barreras culturales que encuentran las mujeres para acceder a los servicios de salud, precarios y escasos en su mayoría. Principalmente la subvaloración y el desprecio de sus creencias tradicionales por parte del personal sanitario, generan desconfianza y temor. Es justamente lo que sucede a las mujeres Aymara. Ellas, por ejemplo, consideran que desnudarse durante el parto, como ordenan los médicos, puede provocar la muerte. Al estar el cuerpo abierto y sin abrigo, el frío podría causar graves enfermedades y debilitamiento del ajayu, la fuerza de la vida (15). IDel mismo modo, la indispensable comunicación médico-paciente suele ser inexistente, dado que en los centros hospitalarios casi nadie conoce las lenguas locales.

La salud reproductiva constituye, en realidad, uno de los aspectos más sensibles en el marco de los derechos humanos de las mujeres sin excepción. Lo que sucedió en Perú en los años noventa demuestra los extremos que puede llegar a alcanzar esta vulnerabilidad. Durante el gobierno de Fujimori, miles de mujeres indígenas fueron esterilizadas contra su voluntad, víctimas del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva. Al parecer, la campaña fue financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos, a través de un contrato otorgado a la Association For Voluntary Surgical Contraception (AVSC). Las mujeres fueron intervenidas quirúrgicamente, amenazadas por funcionarios o como condición para recibir alimentos y medicinas. Varias murieron, como fue el caso de María Mamerita Mestanza Chávez, quien falleció en abril de 1998. Luego de fracasar en todas las instancias legales peruanas, sus familiares llevaron la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1999. Después de tres años, finalmente se llegó a un acuerdo y el gobierno accedió a pagar a su esposo y 7 hijos la cantidad de 10 mil dólares a cada uno, en compensación por daños morales. El Ministerio de Salud ordenó además una investigación, cuyas conclusiones indicaron que aproximadamente 300 mil personas habían sido esterilizadas, sin su consentimiento. El estudio demostró que durante el período 1996-2000, se realizaron 215 mil intervenciones quirúrgicas de ligadura; reveló también que, en la misma época, 16 mil hombres fueron sometidos a vasectomías, en iguales condiciones (16). Miles de personas, pues, están todavía esperando justicia.

En general, a nivel mundial las mujeres campesinas e indígenas constituyen el grupo humano preferentemente excluído de los programas nacionales e internacionales de desarrollo (17). Son además quienes enfrentan en mayor medida el racismo institucionalizado en sus países. No sólo en los servicios médicos, también se les restringe el acceso a la educación, a la participación social y la toma de decisiones. En la calle, en los mercados, en los centros policiales, son objeto preferido de violencia por pertenecer a un grupo étnico determinado, por su lengua, su forma de vestir y el color de su piel. En los medios de comunicación, su imagen e identidad se presentan distorsionadas y caricaturizadas, violando impunemente sus derechos fundamentales.