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Macrocausa contra las farmacéuticas por la epidemia de opiáceos
Los laboratorios negocian un acuerdo de 50.000 millones de dólares para evitar el juicio por 400.000 muertes.
Versión resumida efectuada por Juan Pundik de la nota enviada por Antonio Laborde desde Washington publicada por El País 19.10.2019
A partir del lunes y durante los dos meses siguientes, el juez federal Dan Polster y los 12 ciudadanos escogidos como miembros del jurado evaluarán si los principales laboratorios deben pagar el coste económico de los opiáceos, que se ha cobrado cerca de 400.000 vidas en Estados Unidos entre 1997 y 2017. Lo único que podría frenar este histórico litigio es que Polster consiga que las empresas lleguen a un acuerdo con los demandantes por una suma de unos 50.000 millones de dólares (48.800 millones de euros).
Este viernes, los directores ejecutivos de las empresas demandadas viajaron hasta Cleveland para negociar in extremis un acuerdo con los abogados de los afectados, en una reunión organizada por el juez federal que busca evitar este juicio y resolver de golpe las miles de demandas interpuestas en todo el país.
Con las cifras de adictos al alza, los Gobiernos estatales y locales decidieron en 2017 que la que tenía que asumir los costes para frenar la crisis de adicción a los opioides de la población era la industria farmacéutica y no ellos. Desde entonces se han presentado cerca de 2.500 demandas a los principales distribuidores y minoristas de medicamentos, incluidos CVS y Walmart. Los demandantes acusan a fabricantes como Teva de engañar al comercializar opioides con mensajes que minimizaban sus riesgos y a los distribuidores de no detectar ni detener las órdenes sospechosas. Las compañías son las responsables de notificar a la Administración de Control de Drogas si identifican algo fuera de lo común y de retrasar los envíos mientras se verifica la información.
Bernie Rochford, vicepresidente de Oriana House, un centro de tratamiento para adictos en Ohio manifestó: “Hace 10 años habría pensado que era una locura si me hubieran dicho las cifras que estamos comprobando de muertes y sobredosis”. Además, identifica un patrón claro entre sus clientes: empiezan con un medicamento para aliviar el dolor de una lesión y luego “pierden el control” y terminan comprando fentanilo en el mercado negro para satisfacer su adicción.
Uno de los acusados en el juicio es Johnson & Johnson, que llegó a un acuerdo a comienzos de este mes en el, que se comprometió a compensar con 20,4 millones de dólares a los dos condados de Ohio citados. Cuatro farmacéuticas también firmaron pactos extrajudiciales. Purdue Pharma, fabricante del analgésico OxyContin, se declaró en bancarrota en septiembre tras llegar a un acuerdo preliminar valorado en 12.000 millones.
Alexandra Lahav, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Connecticut, especialista en demandas civiles masivas, no se atreve a calificar la compensación de 50.000 millones de dólares como “justa”. “En el caso de la demanda contra la industria del tabaco presentada por los fiscales generales de varios Estados se llegó a un acuerdo por cerca de 150.000 millones y la gente dice que curar el daño provocado por la crisis de los opiáceos superaría los 200.000 millones. El problema es que estas compañías no tienen esa cantidad de dinero y nadie quiere que la mayoría de ellas quiebren”, plantea. Ya sea a través de un acuerdo preliminar o la orden del juez, el montante determinará en gran medida cuánto dinero tendrán la sanidad de las ciudades y los condados del país las próximas décadas para enfrentar los efectos devastadores del abuso de opioides.
