Otra salud es posible
46 - medicina Domingo 16 de octubre de 2005 – Perfil
Debaten cómo hacer remedios en laboratorios del estado


M.D.A.
El Estado argentino posee 40
laboratorios que, con mayor o
menor calidad, elaboran medicamentos.
Sin embargo, elige
comprarles a los laboratorios
privados. Entonces, ¿qué hay
que hacer con esos laboratorios
públicos? “Debemos agrupar a
quienes trabajan en la elaboración
pública de medicamentos
para que actúen en forma
coordinada y para que hagan
remedios de calidad”, asegura
Claudio Capuano, uno de los
organizadores del 3º Encuentro
por la Producción Pública
de Medicamentos y Vacunas
que se llevó a cabo esta semana
en la Facultad de Medicina de
la UBA. La idea general del Encuentro,
de cuya organización
participó una mesa multisectorial,
fue hacer notar la importancia
del rol del Estado “como
alternativa y herramienta estratégica
que deben tener los
gobiernos”. Según Capuano, en
la actualidad estos laboratorios
estatales están trabajando sólo
entre el 25% y el 75% de su capacidad.
“Si se lograra llevar al
100% y articular lo producido,
se podría en pocos meses suplantar
el programa Remediar,
que les compra a laboratorios
privados”, explica.
Durante la reunión, de la que
participaron científicos nacionales
y extranjeros, se concluyó
que el armado de una red
de laboratorios públicos es indispensable
y que le ahorraría
mucho dinero al Estado. “En el
programa Remediar se gastan
233 millones de dólares, 140
de un crédito blando del BID
y el resto con recursos propios
argentinos”, dice Capuano,
quien está convencido de que
con mucho menos se lograría
“abastecer a los hospitales públicos
y regular el mercado de
medicamentos”. Y confía en
que no es caro competir. “Al
laboratorio estatal de Río Negro
le salió 4 millones de pesos
tener calidad internacional. La
producción pública quiebra la
lógica de ganancia de la industria
farmacéutica y la relación
del Estado con sus organismos
de salud. Y ayudaría a que no
se fugaran cerebros. Lástima
que falte decisión política”, se
lamenta
REmEDiaR. El Estado gasta
$ 200 millones en el programa.